La Administración Pública de nuestras días está sometida a profundos cambios y transformaciones. En lo que se refiere al ejercicio de las actividades económicas se ha producido, sin duda, una transformación novedosa fruto de un conjunto de normas que vienen modificando el conjunto de técnicas con las que la Administración controla el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

En concreto, la introducción de la declaración responsable y la comunicación previa, junto con una utilización residual y minoritaria numéricamente, están llamadas a cambiar el panorama público tanto en lo que se refiere, por un lado, al propio acceso a las actividades pero, también y de otro, al ejercicio de las facultades de supervisión y control e, incluso, al ejercicio de las potestades sancionadoras.

La presente Obra trata, precisamente, de abundar esta transformación y en la capacidad de articular un marco diferente de relaciones con las Administraciones Públicas y, por ende, con los ciudadanos. Se trata de un eslabón en un proceso que acaba de comenzar pero que tiene un amplísimo recorrido a desarrollarse en los próximos tiempos.

La Administración Pública de nuestras días está sometida a profundos cambios y transformaciones. En lo que se refiere al ejercicio de las actividades económicas se ha producido, sin duda, una transformación novedosa fruto de un conjunto de normas que vienen modificando el conjunto de técnicas con las que la Administración controla el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.
En concreto, la introducción de la declaración responsable y la comunicación previa, junto con una utilización residual y minoritaria numéricamente, están llamadas a cambiar el panorama público tanto en lo que se refiere, por un lado, al propio acceso a las actividades pero, también y de otro, al ejercicio de las facultades de supervisión y control e, incluso, al ejercicio de las potestades sancionadoras.
La presente Obra trata, precisamente, de abundar esta transformación y en la capacidad de articular un marco diferente de relaciones con las Administraciones Públicas y, por ende, con los ciudadanos. Se trata de un eslabón en un proceso que acaba de comenzar pero que tiene un amplísimo recorrido a desarrollarse en los próximos tiempos.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «? clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas?». La publicación de esta norma introduce un profundo cambio en el funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el esfuerzo de compilación y sistematización que se contiene en el Practicum que aquí se presenta. En el mismo se ha procurado unificar las novedades de la Ley 27/2013 con las referencias temáticas generales del régimen jurídico de las Entidades Locales de forma que se contiene, finalmente, el conjunto de las referencias y modalidades organizativas y de funcionamiento, el régimen jurídico de los bienes con los que cuenta la Administración local y su propia estructura de funcionamiento proyectada sobre los aspectos sectoriales más relevantes de la organización local. Se trata, por tanto, de integrar como un todo orgánico el régimen jurídico preexistente y el que procede del nuevo marco legal para obtener una visión de conjunto que permita entender el funcionamiento de las Entidades Locales.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «? clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas?». La publicación de esta norma introduce un profundo cambio en el funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el esfuerzo de compilación y sistematización que se contiene en el Practicum que aquí se presenta. En el mismo se ha procurado unificar las novedades de la Ley 27/2013 con las referencias temáticas generales del régimen jurídico de las Entidades Locales de forma que se contiene, finalmente, el conjunto de las referencias y modalidades organizativas y de funcionamiento, el régimen jurídico de los bienes con los que cuenta la Administración local y su propia estructura de funcionamiento proyectada sobre los aspectos sectoriales más relevantes de la organización local. Se trata, por tanto, de integrar como un todo orgánico el régimen jurídico preexistente y el que procede del nuevo marco legal para obtener una visión de conjunto que permita entender el funcionamiento de las Entidades Locales.

Este libro toma como base documental el resultado de un primer trabajo de investigación (2011) llevado a cabo en el marco de la Confederación de Federaciones Deportivas Españolas por el Dr. Andreu Camps en colaboración con las Sras. Neus Roca y Rosalía Ortega que estuvo centrado en unos aspectos muy concretos del régimen jurídico de los extranjeros participantes en las competiciones deportivas en España. Una primera aproximación a la que se le han sumado muchas otras aportaciones de actualización y ampliación en función de las recientes reformas legislativas operadas en el Estado Español, realizadas por el Dr. Alberto Palomar con el objetivo de ofrecer a los lectores una visión lo más completa posible de los diversos aspectos jurídicos que derivan de la condición de extranjero en relación a su integración en el deporte competitivo en España, y todo ello, como resultado de la aplicación de la normativa autonómica, estatal, europea y de los tratados vigentes de los que España es parte. La publicación es el resultado de la integración en un mismo libro de dos estudios paralelos que centrados sobre una misma temática la abordaban desde perspectivas y enfoques distintos. Este libro no hubiera sido posible sin la colaboración e iniciativa de la Confederación de Federaciones Deportivas Españolas y muy especialmente de su Presidente en el momento en que se realizó el primer trabajo de investigación (2010-2011) Dr. José María Odriozola, al que los autores agradecen su preocupación y sensibilidad por mantener actualizado en todo momento el marco jurídico de las federaciones deportivas en España y el ofrecer las máximas garantías e igualdad de derechos a todos los deportistas que las integran.

La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.

La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.

La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.

La regulación del comercio interior se ha convertido en una materia compleja y, sobre todo, específica respecto de los elementos generales que conforman la regulación del comercio. En esta regulación se entremezclan elementos que afectan a la singularidad del estatuto del comerciante, a las formas del comercio y a los negocios jurídicos que se realizan en dicho ámbito. Esto justifica que la regulación se sitúe a medio camino entre la regulación administrativa y la mercantil y que, dentro de la primera, operen diversas Administraciones Públicas con competencia en la materia. El presente Libro aborda cuestiones esenciales de esta regulación como son la apertura de establecimientos comerciales, los horarios, los precios, la oferta y las actividades promocionales, la venta a distancia, ambulante o en pública subasta. Adicionalmente se analizan elementos centrales del entorno como los referidos al estatuto del comerciante, las infracciones y sanciones y la propia fiscalidad del comercio minorista. Se trata de un trabajo con una visión interdisciplinar y general que abarca los elementos sustanciales de una regulación que, con el tiempo, se ha tornado ciertamente compleja y singular.

La regulación del comercio interior se ha convertido en una materia compleja y, sobre todo, específica respecto de los elementos generales que conforman la regulación del comercio. En esta regulación se entremezclan elementos que afectan a la singularidad del estatuto del comerciante, a las formas del comercio y a los negocios jurídicos que se realizan en dicho ámbito. Esto justifica que la regulación se sitúe a medio camino entre la regulación administrativa y la mercantil y que, dentro de la primera, operen diversas Administraciones Públicas con competencia en la materia. El presente Libro aborda cuestiones esenciales de esta regulación como son la apertura de establecimientos comerciales, los horarios, los precios, la oferta y las actividades promocionales, la venta a distancia, ambulante o en pública subasta. Adicionalmente se analizan elementos centrales del entorno como los referidos al estatuto del comerciante, las infracciones y sanciones y la propia fiscalidad del comercio minorista. Se trata de un trabajo con una visión interdisciplinar y general que abarca los elementos sustanciales de una regulación que, con el tiempo, se ha tornado ciertamente compleja y singular.